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El sistema tributario venezolano tiene la necesidad de buscar alternativas fiscales para la obtención de los ingresos que le permitan dar cobertura a los gastos presupuestados. En este sentido, el impuesto al Valor Agregado (IVA) constituye una de las principales fuentes de ingreso, ya que grava las múltiples etapas de producción y comercialización de bienes y servicios en todo el aparato productivo. La administración del IVA presenta distintas fases operativas que requieren la intervención normativa para su regulación, de esta manera se establecen mediante leyes, decretos, providencias y resoluciones, los lineamientos procedentes para la compensación, cesión o reintegro de los excedentes de créditos fiscales. En la práctica, la recuperación de los créditos se concibe como un procedimiento administrativo moratorio que disminuye el flujo de efectivo de los contribuyentes. Y las políticas fiscales implementadas por el Poder Ejecutivo a través de las procedimientos administrativos y las Leyes, Reglamentos y Providencias emanadas del Servicio Integrado de Administración Aduanera y Tributaria de corrientes doctrinales “in dubio pro fiscum", incrementan mediante prácticas dilatorias la espera de los contribuyentes en el pronunciamiento y emisión de sus resoluciones. El Estado dentro de sus funciones, debe más bien propiciar competencias e incentivos fiscales a los contribuyentes que permita reactivar el aparato productivo y mantener el equilibro del sistema financiero. |
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