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Si bien es cierto que el derecho a la manifestación, es un derecho humano inmerso en las libertades de reunión y de expresión, este amerita ser manejado de forma exclusiva, en virtud de que constituye un acto cívico para exigir y garantizar los derechos fundamentales del hombre que pueden ser perceptible a las decisiones del gobierno y a políticas que implemente el Estado que no sea compatible con los derechos humanos. A su vez la participación social es la intervención de los ciudadanos en la toma de decisiones con relación al uso de recursos y acciones que tienen una influencia directa en el desarrollo de sus comunidades. Es concebida como un derecho legítimo de los ciudadanos; y para que esta sea posible, es necesaria la existencia de un basamento legal que se encuentre vinculado con mecanismos democráticos con el fin de que las comunidades organizadas sean escuchadas en todas las instancias del gobierno. Así mismo existe un conjunto de normas jurídicas, que abala el derecho a manifestar y protestar de forma pública y pacífica. Sin embargo, en contraposición de lo comentado anteriormente, el Tribunal Supremo de Justicia del Estado Venezolano ha emanado una sentencia dictada por Sala Constitucional (025-155-2014), la cual desconoce el derecho a manifestar libre y espontáneamente, estableciendo restricciones burocráticas no establecidas en la ley, considerando que las manifestaciones pacíficas son una supuesta amenaza e implica detenciones y reclusiones arbitrarias, tratos y penas crueles, inhumanas, limitando a los manifestantes el acceso a espacios públicos o territorios amplios, usando la fuerza de manera innecesaria y permitiendo incluso la acción de grupos armados no oficiales. |
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