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La presente investigación tiene como sustrato fundamental el análisis de la institución de la jubilación en el marco de la función pública, y su objetivo es precisar las bases jurídicas y científicas para ubicar su naturaleza como un derecho adquirido derivado de la previsión social. La problemática se plantea porque en toda relación de empleo (sea pública o privada), existen beneficios con sus respectivas obligaciones que derivan del acto jurídico contractual (si se trata del Derecho social del trabajo) o del régimen estatutario (tratándose de la relación de empleo público). Sin embargo, existen otros beneficios o derechos del empleado cuya fuente no se encuentra en el vínculo jurídico primario sino de un régimen parafiscal mediante el cual el trabajador o funcionario recibe una compensación prestacional por su condición de ciudadano, es decir, como parte de un “sistema” –denominado “seguridad social”– cuya importancia en nuestro país y en el mundo es, cada día, mayor, desde su constitucionalización en Weimar a principios del siglo pasado. No es incompatible, por otro lado, que la jubilación deba considerarse como “derecho adquirido” con el hecho cierto de que su raíz ideológica se hunda en la previsión social, pues al fin y al cabo, su propósito central está en que, al llegar a una edad con la cual no se pueda seguir prestando servicios, exista una “compensación” que la sociedad –a través de la contribución solidaria de empleadores y empleados– otorgue a estas personas unas condiciones que le permitan afrontar la vejez con un mínimo de subsistencia y dignidad. La condición de “derecho adquirido” se expresa porque, desde el mismo momento de cumplir con los requisitos de edad y tiempo de servicio, la concesión de la jubilación es obligatoria, independientemente de la causa de terminación del vínculo jurídico que unía al trabajador o empleado público con su respectivo empleador privado o público. |
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