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Una vez determinada la responsabilidad del adolescente, el Estado, a través de los órganos Jurisdiccionales procede a imponer sanciones (medidas), que se encuentran consagradas en la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente (LOPNA), y cuya finalidad es de carácter educativo y correccional, procurando la regeneración del joven e incorporándolo al medio donde se desenvuelve. Pero, estas medidas no van a ser impuestas por el Juez, atendiendo a ese poder discrecional que poseía, sino que, deberá sujetarse a una serie de pautas que la Ley le da y que se encuentran consagradas en el artículo 622 de la LOPNA. Una vez determinada la medida a imponer al adolescente infractor, el Juez debe velar porque la misma se cumpla de acuerdo a la finalidad para la cual fue impuesta. Evidentemente, que para el logro de los objetivos planteados en la presente investigación fue necesario, además de la investigación documental, una investigación de campo; donde se aplicó a un determinado grupo de Jueces del circuito Penal de Adolescentes, un cuestionario, que sirvió de base para demostrar, que efectivamente las pautas contenidas en la Ley son evaluadas por ellos al momento de determinar la medida o medidas a imponer a un adolescente que ha transgredido la Ley Penal , respetando siempre sus Derechos y Garantías. Finalmente, se concluyó que para lograr el fin que se persigue con la imposición de medidas, es necesario que el Estado cree Centros o Instituciones en las cuales existan programas Socios Educativos, orientados a la reeducación del joven, ya que esto le permitirá al Juez, garantizar el cumplimiento de la medida a imponer sin mayores obstáculos. |
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